La nueva norma amplía hasta el fin del estado de alarma la prohibición de cortar los suministros de electricidad, agua y gas a consumidores considerados vulnerables o en riesgo de exclusión social.
Los interesados en acogerse a esta medida deberán acreditar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ante las empresas suministradoras mediante la presentación de la última factura en la que se refleje la percepción del bono social de electricidad.
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